Procesaron a Alberto Fernández y le aplicaron un embargo por más de $14.000 millones
Así lo dictó el juez Sebastián Casanello. Junto al expresidente procesó a otras 33 personas y dijo que existió una «estructura criminal»
10/07/2025 – 17:13hs
El juez federal Sebastián Casanello dictó este jueves el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la contratación de seguros por parte de organismos del Estado nacional.
Según determinó el magistrado, en esos convenios se pagaron comisiones millonarias a intermediarios privados, generando un perjuicio directo para las arcas públicas.
La investigación -que originalmente había estado en manos del juez Julián Ercolini- derivó en una acusación formal contra el exmandatario por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Procesaron a Alberto Fernández por la causa de los seguros
En su fallo de hoy, Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente de $14.634.220.283,68. Y procesó, junto a Fernández, a otras 33 personas, incluidos Cantero (por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria), Martínez Sosa (como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles) y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano (por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles).
El expediente judicial señala que durante su gestión se firmaron 45 contratos a través de 25 intermediarios del sector asegurador, beneficiando a privados mediante comisiones extraordinarias. Uno de los ejes de la causa gira en torno a un decreto presidencial firmado por Fernández, que permitió canalizar estas contrataciones bajo condiciones ahora cuestionadas.
Además, se investiga el papel de una cooperativa que habría funcionado como una financiera, y el posible direccionamiento deliberado de esos contratos.
La Justicia considera que detrás de estas maniobras existió una «estructura criminal» cuyo objetivo habría sido desviar fondos públicos hacia manos privadas, bajo el amparo de procedimientos formales simulados.
En el marco de la causa ya fueron indagadas 40 personas, todas ellas imputadas por «haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros».
Los investigadores sostienen que «con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta».
De acuerdo con la reconstrucción del expediente, los intermediarios no solo habrían actuado con pleno conocimiento del expresidente, sino que además el esquema funcionaba como una red sistemática y centralizada para canalizar fondos públicos hacia ciertos actores privados del mercado asegurador, muchos de los cuales habrían tenido vínculos previos o afinidad política con sectores del poder.
El procesamiento de Fernández marca un giro judicial significativo y lo ubica como el principal imputado en una causa que, según fuentes del juzgado, podría seguir ampliándose a medida que avance la investigación patrimonial y financiera de los involucrados.
